La entrada en vigor de la obligación de comunicación de prescripciones de antibióticos con destino a animales de compañía, que tuvo lugar el pasado día 2 de enero, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, ha suscitado una problemática añadida a los  veterinarios ejercientes en clínica de animales de compañía, debido al incremento de trámites burocráticos que esta obligación supone; acentuada además, por la dificultades técnicas que en la práctica se vienen detectando para dar cumplimiento a la misma.

Por si fuera poco, la rigidez del régimen sancionador que afecta a estas obligaciones supone un agravamiento de la situación, al colocar al profesional en una situación de considerable incertidumbre.

Por todo ello, desde el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios han sido numerosas las actuaciones llevadas a cabo ante la administración y empresas privadas relacionadas con la actividad clínica veterinaria, para intentar en la medida de lo posible, atenuar esta situación. 

A modo de ejemplo, y como más reciente actuación, el pasado 17 de enero, vistas las consecuencias que este proceso venía ya mostrando desde su puesta en marcha, este Consejo Andaluz remitió un escrito de petición directamente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación – del que se dio traslado al Consejo General de la Profesión Veterinaria de España -, en el que, previa exposición de la situación, se realizaban las siguientes peticiones:

• “Que el Ministerio de Agricultura establezca una moratoria, de al menos un año de duración, para que, a modo de periodo transitorio de prueba, permita que el sistema PRESVET llegue a estar perfectamente preparado, sea ágil y facilite su uso a los veterinarios, no limitando su ejercicio clínico.
• Que durante dicho periodo de prueba, se suspenda la aplicación del régimen sancionador previsto por la normativa, respecto de las obligaciones de transmisión y volcado de prescripciones de antibióticos, así como la modulación de las sanciones establecidas – cuando definitivamente sean de aplicación – al ser totalmente desproporcionadas.
• Que se trabaje de forma conjunta con las administraciones para la formación y concienciación de la ciudadanía y los profesionales en el uso de antimicrobianos de forma positiva y no punitiva.
• Que se establezcan criterios válidos que permitan a la Administración obtener una información fiable sobre el uso de los medicamentos, basado, no ya en la prescripción, sino en la dispensación y uso efectivo del medicamento.
• Que en consonancia con lo anterior, las obligaciones de información y volcado de prescripciones de antibióticos para los veterinarios, se limiten a las efectuadas con destino a su botiquín.”

Todas estas reivindicaciones se unen a las incesantes peticiones realizadas desde hace años por el Consejo Andaluz, en cuestiones tales como la eliminación de trabas normativas para la cesión, suministro y/o venta menor de medicamentos destinados a los animales bajo el cuidado directo del profesional veterinario.

Conscientes de la complejidad que a día de hoy supone el ejercicio de la clínica de animales de compañía, y la sobrecarga de obligaciones administrativas de toda índole – no solo estrictamente sanitarias – que dicha actividad soporta, y ante el anunciado cierre simbólico de centros veterinarios del próximo día 11 de febrero, el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, quiere expresar su más firme apoyo y solidaridad con los veterinarios de ejercicio clínico, así como su compromiso para continuar realizando las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias y para el cumplimiento de los fines que normativamente le vienen encomendados, repercutan en la defensa de los intereses generales de la profesión.

No obstante, debemos hacer un llamado a la prudencia ante todas aquellas informaciones – algunas no del todo fiables y otras totalmente falsas faltas – que interesadamente han venido circulando por las redes sociales y otros medios de comunicación, que en nada favorecen al bien ganado prestigio,  relevancia y consideración social, que la profesión veterinaria atesora.