• El pasado martes, 12 de febrero de 2025, se produjo un cierre simbólico de cientos de centros veterinarios en toda la geografía española, motivada por lo que los veterinarios de ejercicio clínico consideran un incremento de la complejidad en su actividad diaria, debido a la sobrecarga de obligaciones administrativas de toda índole – no solo estrictamente sanitarias – que vienen soportando.

El Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, desde el inicio, ha mostrado su más firme apoyo y solidaridad con los veterinarios de ejercicio clínico, así como su compromiso para continuar realizando las actuaciones que, en ejercicio de sus competencias y para el cumplimiento de los fines que normativamente le vienen encomendados, repercutan en la defensa de los intereses generales de la profesión.

La entrada en vigor de la obligación de comunicación de prescripciones de antibióticos con destino a animales de compañía, que tuvo lugar el pasado día 2 de enero, en aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 666/2023, de 18 de julio, por el que se regula la distribución, prescripción, dispensación y uso de medicamentos veterinarios, obliga a los profesionales veterinarios a introducir los datos de los antibióticos que prescriben para su volcado a la base de datos PRESVET. Este sistema centraliza estos datos con el fin de obtener información sobre el uso de antibióticos en los animales en general, que permitan adoptar medidas en la lucha contra las resistencias bacterianas que se vienen desarrollando en los últimos tiempos.
 
Este Real Decreto supone el desarrollo de la normativa europea que regula la cuestión estableciendo el año 2023 como término para la entrada en vigor de estas obligaciones de información, por lo que no se entiende por qué, con ese plazo establecido, se plantea con tanta urgencia en nuestro país.

Esta novedad ha suscitado una problemática añadida a los veterinarios ejercientes en clínica de animales de compañía, debido al incremento de trámites burocráticos que esta obligación supone; acentuada, además, por las dificultades técnicas que en la práctica se vienen detectando para dar cumplimiento a la misma.
 
Según un comunicado de la Asociación Madrileña de Veterinarios de Animales de Compañía; «este gremio está de acuerdo con que es necesario la reducción de su uso, pero no con esta herramienta que dificulta la labor diaria y limita nuestra capacidad para prescribir tratamientos y, en muchos casos, compromete el bienestar de nuestros pacientes, llegando incluso a poner en peligro sus vidas”.
Por si fuera poco, la rigidez del régimen sancionador que afecta a estas obligaciones supone un agravamiento de la situación, al colocar al profesional en una situación de considerable incertidumbre. Las multas a las que se enfrentan en el caso de comunicar datos erróneos a PRESVET o no hacerlo son otro de los puntos conflictivos. En los casos muy graves la sanción oscila entre 60.001 y 1.200.000 euros, en las graves van de 3.001 a 60.000 y las leves de 600 a 3.000 o apercibimientos.

Por todo ello, desde el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios han sido numerosas las actuaciones llevadas a cabo ante la administración y empresas privadas relacionadas con la actividad clínica veterinaria, para intentar en la medida de lo posible, atenuar esta situación. 

A modo de ejemplo, y como más reciente actuación, el pasado 17 de enero, vistas las consecuencias que este proceso venía ya mostrando desde su puesta en marcha, este Consejo Andaluz remitió un escrito de petición directamente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación – del que se dio traslado al Consejo General de la Profesión Veterinaria de España -, en el que, previa exposición de la situación, se realizaban las siguientes peticiones:

• “Que el Ministerio de Agricultura establezca una moratoria, de al menos un año de duración, para que, a modo de periodo transitorio de prueba, permita que el sistema PRESVET llegue a estar perfectamente preparado, sea ágil y facilite su uso a los veterinarios, no limitando su ejercicio clínico.
• Que durante dicho periodo de prueba, se suspenda la aplicación del régimen sancionador previsto por la normativa, respecto de las obligaciones de transmisión y volcado de prescripciones de antibióticos, así como la modulación de las sanciones establecidas – cuando definitivamente sean de aplicación – al ser totalmente desproporcionadas.
• Que se trabaje de forma conjunta con las administraciones para la formación y concienciación de la ciudadanía y los profesionales en el uso de antimicrobianos de forma positiva y no punitiva.
• Que se establezcan criterios válidos que permitan a la Administración obtener una información fiable sobre el uso de los medicamentos, basado, no ya en la prescripción, sino en la dispensación y uso efectivo del medicamento.
• Que en consonancia con lo anterior, las obligaciones de información y volcado de prescripciones de antibióticos para los veterinarios, se limiten a las efectuadas con destino a su botiquín.”

Todas estas reivindicaciones se unen a las incesantes peticiones realizadas desde hace años por el Consejo Andaluz, en cuestiones tales como la eliminación de trabas normativas para la cesión, suministro y/o venta menor de medicamentos destinados a los animales bajo el cuidado directo del profesional veterinario.

Recordamos, una vez más, que debemos ser prudentes ante todas aquellas informaciones – no siempre fiables – que interesadamente han venido circulando por las redes sociales y otros medios de comunicación, que en nada favorecen al bien ganado prestigio,  relevancia y consideración social, que la profesión Veterinaria atesora.

Asamblea General Extraordinaria de presidentes el 14 de febrero para analizar el problema

La Organización Colegial Veterinaria (OCV) ha convocado una asamblea general extraordinaria de presidentes el próximo 14 de febrero para tratar la problemática surgida tras los cierres. Ante las dudas que están surgiendo, la OCV advierte de que esta nueva legislación no afectará a los casos urgentes porque en ellos “es imprescindible aplicar tanto las pruebas como los tratamientos y la medicación antes de realizar cualquier trámite burocrático”. En el caso específico de los antibióticos, continúan, las terapias con productos “de amplio espectro disponibles en el mercado veterinario deberían ser suficientes para enfrentarse a cualquier urgencia”.