A principios del mes de octubre, se ha desarrollado una nueva sesión de la Comisión de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, presidida por el consejero Ramón Fernández-Pacheco, que ha comparecido a petición propia en el Parlamento de Andalucía para informar sobre varios ejes de actuación del Gobierno andaluz.
En dicha sesión se ha votado una Proposición No de Ley (PNL), presentada por el G.P. Popular y G.P. Vox de Andalucía, y en la que se proponía la incorporación de los licenciados y/o graduados en Veterinaria en el Cuerpo Superior de Inspección de Medio Ambiente y Cuerpo de Subinspectores de Medio Ambiente instaurado por la Ley 5/2023, de 7 de junio de la Función Pública de Andalucía. La mencionada PNL ha sido aprobada por 12 votos a favor, ningún voto en contra y 5 abstenciones.
Esta resolución ha sido posible, en parte, gracias a la intervención del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios pues, tras diversas gestiones y comunicaciones dirigidas a los diferentes estamentos políticos, parlamentarios y administrativos – incluyendo el Defensor del Pueblo Andaluz y del estado Español -, siendo la Comisión Parlamentaria de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul quien finalmente atendió a la petición formulada.
El Consejo Andaluz ha venido haciendo hincapié en que debe valorarse que la Veterinaria se considera profesión sanitaria desde el año 2003 y que, el profesional veterinario, por su formación, puede ostentar conocimientos específicos en materia medioambiental.
De hecho, muchos funcionarios del Cuerpo Superior Facultativo de Especialidad Veterinaria en la Administración General de la Junta asumen, desde hace tiempo, áreas funcionales de medioambiente, gestión medioambiental y calidad ambiental, entre otras, llevando a cabo funciones de vigilancia, inspección y control ambiental, sin perjuicio de que también tengan encargadas otras áreas funcionales, como puede ser la de la Administración agraria o el control y el análisis en salud.
El Consejo recuerda, en la comunicación enviada, que la propia Administración autonómica, en su Decreto 70/2008, por el que se regulaba la plantilla orgánica, las funciones y distribuciones, la jornada, el horario de trabajo, acceso y provisión de puestos de trabajo del Cuerpo Superior Facultativo de Instituciones Sanitarias de la Junta de Andalucía, Especialidad Farmacia y Veterinaria, disponía, expresamente, entre sus funciones en materia de salud ambiental, la vigilancia, evaluación y gestión sanitarias de riesgos ambientales que puedan afectar a la salud de la población.
