La plataforma de receta electrónica veterinaria, RECEVET, desarrollada por el Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, ha incorporado un módulo que permite registrar todas las recetas de antibióticos empleadas en la prescripción veterinaria, para su posterior comunicación a las autoridades sanitarias.

Esta medida se anticipa al decreto que prepara el Ministerio de Sanidad que obligará a declarar todas prescripciones en las que se empleen antimicrobianos, con el objeto de hacer un seguimiento de la trazabilidad de estas sustancias en la cadena alimentaria y contribuir a la generación de estadísticas reales sobre el uso de las mismas en la Sanidad Animal.

El módulo al que se accederá a través de recevet.com, permitirá a todos los veterinarios identificados en la plataforma cargar todas aquellas recetas que hayan emitido en papel, -ya queuna vez publicado el decreto serán de declaración obligatoria-, y que junto a las emitidas online, quedarán registradas en una base de datos que se remitirá al Ministerio. 

La nueva funcionalidad fue anunciada por el presidente del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Veterinarios, Fidel Astudillo, en la Jornada del Plan Nacional frente a la resistencia a antibiótico’, celebrada el pasado 8 de marzo en la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural.

En la misma se dieron cita los profesionales responsables del medicamento veterinario, en su mayoría veterinarios de la Administración Pública. La directora general de Salud Pública y Ordenación Farmacéutica, Remedios Martel, y el director general de la Producción Agrícola y Ganadera, Rafael Olvera, resaltaron la importancia de las buenas prácticas de los profesionalesde los medicamentos veterinarios para hacer frente a los crecientes riesgos planteados por la resistencia a los antimicrobianos.

En este sentido, Olvera, señaló a Recevet -primera plataforma de receta electrónica veterinaria que funciona en España- como un elemento indispensable para asegurar la correcta utilización de los medicamentos veterinarios, "garantizando la trazabilidad de la prescripción y facilitando el cumplimiento de la legislación tanto a veterinarios como a farmacéuticos, dispensadores y ganaderos".

La iniciativa se enmarca en el Plan Estratégico y de Acción para Reducir el Riesgo de Selección y Diseminación de Resistencias a los Antibióticos (PRAN), de ámbito nacional y en el cual participa activamente el Gobierno regional desde 2014. Concretamente, la Junta colabora en el control del consumo de antibióticos y en el fomento de la mejora de las medidas de higiene, manejo y bienestar animal.

A lo largo de la jornada, los participantes abordaron el funcionamiento del PRAN y sus líneas estratégicas, así como el Programa Integral de Prevención y Control de las Infecciones Relacionadas con la Asistencia Sanitaria y Uso Apropiado de los Antimicrobianos en el Sistema Sanitario Público de Andalucía (Pirasoa).

Para ello, entre los ponentes de este encuentro se encontraron expertos procedentes del Sistema Sanitario Público de Andalucía y de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

La mayor parte de los municipios de Granada incumple la normativa del Registro Andaluz de Identificación
Animal. De las 172 localidades de la provincia, sólo 59 de ellas han firmado el convenio del censado animal con el Colegio de Veterinarios que garantiza la identificación correcta de perros y gatos. Las demás se encuentran“en una situación de ilegalidad”, destaca el presidente del Colegio, Francisco de Asís Muñoz.

La identificación de los animales surgió como una necesidad de justificar la propiedad de los mismos. Los animales de compañía han sido identificados de distintas formas y por distintos motivos: para control sanitario (mediante cartillas sanitarias, reseña y chapa), para control censal (chapas, medallas) y para control genealógico (inclusión en libros de razas caninas).

Según informa la web del Consejo Andaluz de Colegios Veterinarios, identificar a perros y gatos“es obligatorio” desde que se publicó la Ley 11/2003, de 24 de noviembre, de Protección de los Animales, que en su artículo 17.1 dice “los perros y gatos deberán ser identificados individualmente mediante sistema de identificación electrónica normalizado, implantado por veterinario, dentro del plazo máximo de tres meses desde su nacimiento”

“Hemos detectado un problema en numerosos municipios que están desatendiendo sus obligaciones del registro animal”, advierte De Asís Muñoz, algo que“los posiciona en una situación de ilegalidad puesto que no están cumpliendo la normativa”. “Los colegios veterinarios de Andalucía rompimos moldes con la identificación animal con microchips y la normativa andaluza ha avalado y estableció la obligatoriedad del registro mediante microchips y su inclusión en el Registro Andaluz de Identificación Animal”, subraya el presidente del Colegio de Veterinarios granadino.

Para el colegio, “el hecho de que haya ayuntamientos que están fuera de la norma supone un problema legal pero sobre todo un problema sanitario. Si ocurre un atropello o una agresión no habría forma de localizar al propietario porque el animal no está registrado”, pero también se refiere a un posible problema sanitario si el
animal está infectado.

Existen convenios con 59 municipios de la provincia, lo que afecta a más de 600.000 habitantes (75% de la población provincial). El convenio les garantiza el cumplimiento de la ley al disponer del censo de animales residentes en su municipio a través del Registro Andaluz de Identificación Animal. El resto de municipios no cumple la legislación en materia de censado animal.

Independientemente de ello, estos convenios conllevan obligaciones para los ayuntamientos, obligaciones “que no todos cumplen, lo que puede dejarlos fuera del cumplimiento legal en cualquier momento”.

Los convenios actuales se empezaron a firmar en 2005, si bien algunos municipios, como el de Granada, ya disponían de él desde 1997.

Municipios que sí están censados con el Colegio de Veterinarios

59 municipios han firmado con el Colegio de Veterinarios el censo de sus animales. Se trata de Albolote, Albondón, Albuñol, Aldeire, Alfacar, Algarinejo, Alhama de Granada, Alhendín, Almegíjar, Almuñécar, Armilla, Atarfe, Beas de Granada, Benalúa de Guadix, Benamaurel, Busquístar, Cájar, Caniles, Castilléjar, Chauchina, Cogollos de Guadix, Cogollos Vega, Colomera, Cúllar Vega, El Valle, Escúzar, Ferreira, Freila, Gójar, Gor, Granada, Güevéjar, Huétor Tajar, Huétor Vega, Íllora, Ítrabo, Iznalloz, Jerez del Marquesado, Jun, La Zubia, Lanjarón, Loja, Los Guájares, Lugros, Maracena, Monachil, Motril, Nevada, Otura, Padul, Peligros, Polopos, Pulianas, Salar, Salobreña, Trevélez, Ugíjar, Valle del Zalabí y Vélez Benaudalla.

Alumnado de primero de la ESO del IES Asta Regia, de Jerez, han participado este viernes en un acto organizado por el departamento de Medio Ambiente del centro escolar y el Colegio de Veterinarios de Cádiz (ICOV Cádiz). Juntos han asistido a la colocación de cajas nido (o nidos artificiales), donados por el ICOV Cádiz, que servirán para que parejas de aves insectívoras nidifiquen en los árboles del centro educativo.

En primer lugar, Federico Vilaplana Valverde, presidente del Colegio de Veterinarios de Cádiz y el director del IES Asta Regia, Juan Carlos Herreros Jiménez, junto al profesor responsable del departamento organizador, José Manuel Sánchez Almeneiro (también es veterinario colegiado),
han explicado al alumnado los objetivos de esta iniciativa: fomentar el restablecimiento del equilibrio natural entre predadores y presas; entre aves insectívoras e insectos. Vilaplana ha explicado al alumnado que los insectos pueden transmitir graves enfermedades (por citar algunas: leishmaniosis, filarias, leptospirosis, lengua azul, zika, dengue…-algunas afectan a nuestros animales, otras a los humanos, otras a ambos-).

Una forma de controlar el número de insectos, respetuosa con el medioambiente, es recuperar las poblaciones de aves que se alimentan de ellos. Por eso, el Colegio de Veterinarios de Cádiz promueve y financia este proyecto que, además, incentiva la inclusión social y laboral de personas con discapacidad. Las cajas de madera están siendo elaboradas con madera natural por alumnos del centro ocupacional de Afanas de Jerez, donde se ha creado una línea educativa específica para construir estos nidos.

El Colegio de Veterinarios ha encargado a Afanas 500, de las que ya les han sido entregadas un centenar. El resto, las irán construyendo a lo largo del presente y los siguientes cursos escolares. En el Asta Regia se colocarán diez. Por su parte, el director del centro, Herreros Jiménez, ha recordado al alumnado la relación de esta iniciativa con valores como la igualdad, la educación o el respeto por el medio ambiente, en los que trabajan a diario a través de las diferentes materias.

Luego, Vilaplana Valverde ha ofrecido una breve charla sobre bienestar animal y tenencia responsable de mascotas. Todo esto, acompañado por Cúrcuma, una perra víctima de maltrato que ahora acompaña a Vilaplana en sus charlas escolares. Por último, los alumnos y el profesorado han salido al patio y han sido testigos de la colocación de una de las cajas nido en un árbol del patio (de esta tarea se ha encargado un profesor, ya que es necesario poner los nidos a cierta altura para que las aves se animen a ocuparlos). El Asta Regia solicitó la colaboración del Colegio de Veterinarios de Cádiz para desarrollar esta iniciativa en el marco de su programa de actividades relacionadas con el Día Mundial de la Naturaleza.

El Colegio de Veterinarios de Cádiz dona las cajas nido a administraciones locales, colegios y colectivos que así se lo solicitan, para su colocación en parques naturales, jardines o espacios verdes de los diferentes puntos de la provincia.

La limpieza viaria es uno de los servicios básicos que deben prestar los ayuntamientos y con el que los vecinos son más exigentes. Los municipios gastan ingentes cantidades de dinero en ello y si el resultado no es solvente siempre es motivo de queja. Pero hay un problema que, pese a los esfuerzos y campañas, no se logra resolver: el de las heces de perros en las calles, que crece a la par que la tenencia de mascotas. Un reciente estudio del Ayuntamiento de Málaga cifraba, por ejemplo, en 6,5 millones el coste anual de la limpieza de estos restos, que calcula en función de los 100.000 perros censados en la ciudad y en lo que puede depositar cada uno.

En este contexto, varios ayuntamientos de Sevilla están decididos -como lo ha hecho ya la capital de la Costa del Sol, en un trámite que está previsto que culmine en los próximos meses- a aprobar ordenanzas sobre tenencia de animales o a modificar las que tienen para incorporar la posibilidad de que los dueños que no recogen las heces puedan ser sancionados, identificando a qué animal pertenecen con una prueba de ADN. Ello obliga a que, de forma previa, todos los propietarios deban identificar a sus canes con un análisis de sangre para crear banco de datos con los genotipos. Es un sistema del que se viene hablando desde hace tiempo -ya en 2004, Alberto Ruiz-Gallardón quiso intentarlo en Madrid, pero lo descartó por ser costoso- aunque muchos siguen cuestionando su eficacia. Los resultados allí donde ha arrancado sólo se podrán calibrar en un tiempo. Eso sí, sólo la creación del banco de ADN y el anuncio de las primeras recogidas de heces con posibilidad de sanciones han supuesto ya una drástica reducción de los excrementos en la calle en los municipios en los que el sistema ha arrancado. Es el caso de Mislata (44.000 habitantes, en Valencia) o Meco (13.000, en Madrid). El efecto disuasorio parece que sí se logra inicialmente.

El Ayuntamiento de Sevilla aprobó en noviembre de 2015 una moción de C’s para impulsar una ordenanza en esta línea, aunque IU y Participa Sevilla rechazaron algunos de los aspectos de la misma y el PSOE se abstuvo. Fuentes del gobierno socialista confirman que, en tanto que se trata de un «mandato del Pleno», la posibilidad de crear una ordenanza de este tipo no se ha descartado, está «en fase de estudio», analizando las «posibilidades, eficacia y costes» que tendría y si éstos se puede asumir en este momento o si se podría hacer alguna prueba piloto. Pero también admiten serias dudas sobre el sistema.

Sí lo tienen en tramitación otros ayuntamientos del Aljarafe, como el de Mairena, en donde sólo falta que se resuelva una alegación y podría recibir el visto bueno del Pleno de forma definitiva el mes de abril. También tiene una ordenanza avanzada San Juan de Aznalfarache, donde los presupuestos municipales que se acaban de aprobar incluyen una partida de 24.000 euros para arrancar con el banco de ADN, que costeará el Ayuntamiento en una primera fase. Y preparan ordenanzas Coria y, ya en la Vega, Lora del Río.

En la provincia de Sevilla, la pionera en tenerla fue Lebrija, aunque pudo más el rechazo que generó entre los propietarios de mascotas -hubo una sonora protesta ante el Ayuntamiento- que la voluntad municipal y no se ha puesto en marcha. Muchos ven en ello afán recaudatorio, un «negocio», según denunciaron, para la empresa que se contrata para hacer el banco de ADN -cada análisis cuesta entre 33 y 36 euros- y la pruebas posteriores. Aunque la limpieza de las heces también tiene ahora un coste de fondos públicos, que no se cuestiona.

La empresa Newbiotechnic ha sido de las primeras en España en ofrecer estos servicios a los municipios, a través de su marca comercial ADN Perros, y tiene sede en Sevilla. Los responsables de ésta dicen entender las dudas sobre un sistema que es relativamente nuevo. Pero están convencidos de que, al margen del fin comercial que persiguen en su caso, las pruebas para determinar el genotipo del animal se terminarán generalizando, como ocurrió con la identificación con microchip. Es también una forma eficaz de luchar contra el abandono animal -permiten identificar incluso a los cachorros, las camadas de perros que se abandonan con frecuencia, y muchas de las ordenanzas que se están aprobando también incorporan el censo de ADN desde ese punto de vista-; y contra los robos, dado a que a los perros muchas veces se les rasga el cuello para quitarles el microchip. ¿Por qué no puede ser también una herramienta para aliviar un problema ciudadano, que motiva muchas quejas?, ¿por qué no puede servir para mejorar el «bienestar social»?, se pregunta el equipo, que defiende que los propietarios que ya recogen esas heces son los que menos se resisten a la aplicación.

Enrique Perigüell, responsable comercial de la firma y que impulsó esta iniciativa tras haber sido ser edil de Medio Ambiente en su pueblo, cree que el proceso es similar al que se produjo con el cinturón de seguridad en los coches, cuyo uso no se generalizó hasta que llegaron las sanciones. Recuerda también que, además de ADN Perros, en España hay al menos otras dos empresas que trabajan y ofrecen servicios en la misma línea. Son sendas spin-off de las facultades de veterinaria de Barcelona y Zaragoza, subraya, frente a la posición que sobre estas ordenanzas que permiten el análisis de ADN de las heces han mantenido algunos colegios oficiales de veterinarios, como el Consejo Andaluz, que están a favor del uso del genotipo con fines científicos y para el bienestar animal, pero dudan del mismo si es para sancionar.

El sistema por el que están apostando estos ayuntamientos consta de dos fases. Una vez que hay una ordenanza en vigor, se debe sacar una licitación para contratar a empresa que realice los censos de ADN, que todavía son pocas. Normalmente son contratos de dos años porrogables por otros dos. Para esta fase, se suele dar un plazo de entre tres y cuatro meses a los propietarios de perros. A los animales se les toma una muestra de sangre y los resultados se introducen en un registro que es propiedad del ayuntamiento. En varios municipios en los que ya se ha hecho, la Administración local ha financiado total o parcialmente estos análisis en la primera fase. En el caso de Mislata, en Valencia, donde lo siguen haciendo si se trata de adopciones de animales.

La segunda fase consta de dos aspectos: los controles rutinarios a propietarios de mascotas para ver si están en el registro de ADN, con posibles sanciones si no es así, y la recogida e identificación de heces. ADN Perros explica que hay unos protocolos claros. La recogida puede hacerla un operario de limpieza con una formación que le da la empresa, pero acompañado de un funcionario «con capacidad de inspección» -un técnico de medio ambiente o un policía local- que levante acta para que pueda dar lugar a sanción.

Uno de los aspectos que suscitan más dudas y que ha manifestado el propio Consejo de Colegios de Veterinarios de Andalucía es la forma en la que se recogen esas heces y cómo se garantiza la cadena de custodia sin que se produzca la contaminación de muestras. Desde ADN Perros insisten en que hay protocolos y que, ante la mínima duda, se descarta. Cuando se emite una identificación es porque hay un 99,8% de certeza con que se corresponde con ese animal. En cualquier caso, el rodaje en los municipios en los que se está aplicando es corto, apenas se ha arrancado con los expedientes sancionadores y, menos, con posibles recursos judiciales. «Es el futuro», se trata de aplicar «los avances para solucionar problemas de las ciudades», insisten en ADN Perros.

La Junta de Andalucía pondrá en marcha un protocolo de colaboración entre agentes de medio ambiente y el Servicio de Protección a la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil para luchar contra el uso de sustancias o cebos envenenados en la provincia. Ésta fue una de las medidas acordadas el viernes durante una reunión de trabajo desarrollada en la Delegación de Medio Ambiente, en la que también se abordó la revisión por parte del Consejo de Gobierno de la estrategia andaluza contra el veneno que se desarrolla desde 2004 o la implicación de los ayuntamientos para la resolución de este problema.

El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco de Paula Algar, detalló que durante la reunión también se abordaron cuestiones como la firma de un pacto andaluz contra el veneno, en la cual podrán colaborar las corporaciones municipales y organizaciones y agentes sociales. Algar aseguró que «la lucha contra el uso del veneno constituye una política prioritaria de la Junta de Andalucía en materia de medio ambiente». Y recodó que «la colocación de cebos envenenados, a parte de suponer un peligro para la fauna cinegética y protegida, constituye un delito.»

Para Algar, «el uso del veneno supone no sólo una grave amenaza para las especies silvestres y sus ecosistemas, sino también puede suponer un alto riesgo para la salud pública, ya que hay que considerar la cercanía de núcleos de población a los lugares donde en ocasiones han sido hallados cebos envenenados». Para lograr estas medidas, la Junta de Andalucía creó la Brigada de Investigación de Venenos en la provincia de Córdoba en 2014, integrada por diez agentes de Medio Ambiente especializados en esta materia. La brigada también cuenta con una unidad canina especializada en la detección de tóxicos en cebos y cadáveres de animales integrada por cuatro perros.

Algar animó a la ciudadanía a poner en conocimiento de los agentes de Medio Ambiente cualquier indicio de uso de venenos y resaltó la «labor fundamental» de concienciación a la ciudadanía que realizan los agentes sobre las actuaciones en el medio natural.

Desde que se puso en marcha este plan de acción en 2004, se han reducido un 70% los casos de envenenamientos en Andalucía, y se han realizado hasta 2015 383 inspecciones en la provincia de Córdoba. En el caso del buitre negro, que anida en el Parque Natural de la Sierra de Hornachuelos, su principal causa de mortandad hace unos años era el envenenamiento por cebos, una situación que ha empezado a revertir y que ha supuesto el aumento de la población de esta ave necrófaga en la provincia.