Cuando se habla de sanidad animal parece que la cuenta no le sale igual a todos y las cifras son unas si habla la consejera de Agricultura, Carmen Ortiz, y otras para la Federación Andaluza de Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas (Fadsg), que considera del todo insuficientes los fondos que la Junta de Andalucía destina a sanidad animal.
Aunque la Fadsg, que preside Agustín González Sánchez, valora y agradece «encarecidamente el trato mediático que su Consejería da a las ADGS (agrupaciones de defensa sanitaria ganadera), expresando el buen y valioso trabajo que realizamos en nuestra comunidad autónoma», está en total desacuerdo con la información difundida sobre el pago de las ayudas. Tanto es así, que la Federación ha enviado una misiva a la consejera Ortiz solicitando una reunión para tratar este y otros temas relacionados con la sanidad animal. «Queremos manifestar nuestro descontento con respecto a la información que se ha divulgado en referencia al pago de ayudas a la sanidad animal en 2016», dice la carta. En ella, el presidente de la Fadsg considera que, «si bien es cierto que la Consejería ha gestionado el pago de 9 millones para sanidad animal en 2016, habría que matizar que parte importante de esa cantidad corresponde a pagos retrasados que deberían haberse cobrado hace bastante tiempo».
DE LA PARTIDA DE 2016, LA FADSG DICE QUE SÓLO 4,8 MILLONES FUERON PARA SANIDAD ANIMAL
Agrega que «en lo que a 2016 se refiere, la Consejería sólo ha pagado 4,8 millones de euros correspondientes a sanidad animal. Si desglosamos esta cantidad, 2,8 millones son de ayudas derivadas del Plan Nacional de Erradicación de Enfermedades Animales (Pneea), cuyos fondos provienen de la Unión Europea y no de la Consejería». Dice el escrito que «dichas ayudas están destinadas a sufragar menos del 50% del coste real de las actuaciones acogidas al Plan, mientras que el porcentaje restante lo financia el propio ganadero, a diferencia de otras comunidades, en las que lo aporta el organismo competente».
Además, González Sánchez recuerda a la consejera que otros dos millones corresponden a las ayudas «no Pneea», éstas sí sufragadas con fondos propios de la comunidad. «Ahora bien -agrega- hasta sumar 9 millones hay que añadir 2,8 de las ayudas del Pneea 2014, que estaban pendientes desde dicho ejercicio y finalmente, 1,6 millones de las vacunas obligatorias de la lengua azul del año 2016 que, si bien corresponde a una partida destinada a sanidad animal, es un tratamiento de carácter obligatorio, que en el resto de comunidades corre a cargo de la Administración». Sobre la lengua azul, la Fadsg resalta «que la Consejería proporciona esta vacuna, pero no costea la implantación. Aun siendo una vacuna obligatoria, este cargo también lo asume el ganadero, no sólo para proteger su ganado, sino también el de provincias y comunidades vecinas».
Tras estas consideraciones, el presidente de la Federación señala que «los 9 millones reiteradamente mencionados por los medios de comunicación, corresponden a varias anualidades, siendo sólo una pequeña parte del coste real que ha supuesto la sanidad animal obligatoria en Andalucía».
Precisamente, esta semana la consejera de Agricultura ha tocado este tema en el Parlamento regional, donde afirmó que el Gobierno andaluz trabaja en la mejora de los sistemas de vigilancia para la detección precoz de enfermedades ganaderas y en la planificación de actuaciones que aseguren el buen estado sanitario de la cabaña andaluza. Y en cuanto al Desarrollo Rural, subrayó que en 2016 se han concedido 5,6 millones de euros en concepto de incentivos preparatorios para los 49 Grupos de Desarrollo Rural.
Además del tema de las ayudas, la Fadgs reclama a la Junta que solicite la declaración de oficialmente indemnes de brucelosis ovina y caprina en los territorios de Huelva y Cádiz, como ya están haciendo otras comunidades autónomas con algunas de sus provincias. «Llevamos dos años solicitando dicha calificación, cumpliendo el programa sanitario a rajatabla y obteniendo resultados del 0% en prevalencia de la enfermedad en los rebaños, aún sin respuesta positiva de esa Consejería», sostiene Agustín González.
«Sinceramente -agrega-, esperamos que esta situación se acabe y finalmente podamos obtener la calificación, que no sólo supondrá un ahorro de costes a todos los niveles, sino que es una forma de reconocer el trabajo de todas las partes implicadas y darles a entender a los ganaderos que su esfuerzo merece la pena, en lugar de dejar que, cansados de este panorama y guiados por una falta de motivación, abandonen la actividad, como está sucediendo».
Las ayudas que han sido solicitadas por esta Federación en 2015 y 2016 es otro tema que preocupa a la Fadgs, pues dicen que no han recibido información al respecto, pese a que «en noviembre de 2015 le hicimos llegar una propuesta de convenio entre la Fadsg y la Consejería para intentar evitar la situación actual».
Y especialmente tajante es el presidente de la Federación en relación al Proyecto de Decreto por el que se regularán las condiciones para el reconocimiento y constitución de las Agrupaciones de Defensa Sanitaria Ganaderas, de sus federaciones, y la autorización del personal veterinario del directorio. En la carta enviada a la Consejería dice que, «tras la lectura de los proyectos de normativa, interpretamos que la Administración andaluza se está desvinculando totalmente de la sanidad animal en Andalucía, haciendo recaer el 90% del coste de la misma sobre el ganadero y su gestión, y aplicación al 100% sobre las ADSG». Agregan que estas agrupaciones, con un presupuesto que merma por momentos, tienen que asumir más y más responsabilidades, «lo cual constituye un problema para el modelo de ADSG implantado actualmente en Andalucía, que defendemos». «Desde esta Federación -continúa la misiva- queremos que sepa que tenemos la capacidad para asumir los compromisos necesarios, que podemos realizar programas sanitarios de calidad a bajo coste, pero que estos esfuerzos no pueden ser unilaterales y requieren, al menos, de un consenso con esta Federación y una compensación económica justa».
La Federación pone a disposición de todos los interesados información sobre la tuberculosis bovina en la web www.tuberculosisbovina.com. Otra de las alegaciones de la Federación al borrador es que el documento considera como beneficiario final de las ayudas al ganadero; «ello nos obliga -dicen- a tramitar anualmente grandes cantidades de documentación de cada uno de los socios, lo cual es inmensamente costoso y complicado», por lo que piden que las ADSG sean reconocidas como el beneficiario final, como se hace con las ayudas Pneea.
Cargados con todas estas demandas, el consejo rector de la Fadsg pide una reunión con la consejera de Agricultura, independientemente de que se convoque y se estudien en la Mesa de Sanidad Animal los temas señalados «para poder así llegar a un consenso que nos permita seguir trabajando y elevar los niveles sanitarios de la ganadería andaluza».
Apostillan que, tres meses después de la última Mesa de Sanidad Animal en Andalucía, es necesario un encuentro de la consejera con el sector para tratar sobre la planificación de la vacunación de la lengua azul, la situación actual de la tuberculosis bovina, la brucelosis ovina y caprina y la nueva normativa reguladora de las ADSG.
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