Un simple trozo de carne cubierto de algún tipo de veneno -la estricnina era antes habitual, pero ahora lo son más los carbamatos- puede acabar con varios ejemplares de fauna silvestre. Incluso aunque no sean los objetivos de quien colocó el cepo: «La dispersión de carne envenenada no distingue al comensal», recuerda David de la Bodega, experto de SEO/Birdlife. El Gobierno de la Comunidad de Madrid tiene a punto un plan de actuaciones contra el uso del veneno, que tiene como objetivo eliminar estos cebos en el medio natural.
El uso de estos venenos amenaza especialmente a especies depredadoras con hábitos carroñeros, como buitres negros o leonados, águila imperial ibérica, águila real o milanos. No son el objetivo; «igual se persigue un zorro», pero otras especies, en ocasiones en peligro de extinción, son las que caen.
No se pueden utilizar los venenos; está prohibido legalmente e incluso el Código Penal fija penas de hasta dos años de cárcel por ello. Pero la práctica se mantiene a pesar de todo. Y el daño que causa es tremendo: «El veneno tiene una potencialidad letal: un episodio puede terminar con varios ejemplares de buitre o águila; en Castilla-La Mancha murieron así seis de golpe», explica De la Bodega.
El uso de los cebos envenenados no es tan grande en Madrid como en otras comunidades, como Castilla-La Mancha o Andalucía. Pero «en nuestra región tenemos una importante población de especies muy afectadas por este método de caza», como el buitre negro o el águila imperial, indica el miembro de SEO/Birdlife.
Punta del iceberg
El primer problema a la hora de combatir esta práctica es la dificultad de cuantificarla: los datos son confusos o incompletos. Los de la organización de defensa de las aves reseñan 146 episodios de envenenamiento de 1993 a 2013 en la Comunidad de Madrid, todos ellos registrados y constatados con análisis toxicológicos. Pero desde la organización alertan que esto es sólo la punta del iceberg: «Creemos que representan no más del 10 por ciento del total», lo que elevaría la cifra a «unos 1.500 casos en 20 años», teniendo en cuenta que cada episodio puede suponer más de un muerto.
Protestan, además, porque «el nivel de sanciones es nulo: no ha habido ninguna sentencia condenatoria», por lo que «la impunidad de quien usa los cebos envenenados es del cien por cien», señala David de la Bodega. También tuvo ocasión de decirlo en la Asamblea de Madrid, invitada por el grupo parlamentario de Podemos y ante la comisión de Medio Ambiente, el pasado mes de febrero, la directora ejecutiva de SEO/Birdlife, Asunción Ruiz: de los 146 episodios registrados, «todos han quedado impunes».
En el plan de actuaciones contra el uso ilegal del veneno en el medio natural que está tramitando la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid, se establecen sanciones económicas para resarcir de los ejemplares muertos. Estas pueden ir desde los 6.000 euros en los casos de animales de la categoría «de interés especial», a los 15.000 de los de «especies vulnerables» o «sensibles a la alteración del hábitat» o los 30.000 de aquellos animales en peligro de extinción. Estas multas son independientes de las que pudieran aplicarse por vía penal.
El plan establece mecanismos de prevención para disuadir de esta práctica y procedimientos de actuación ante hallazgos de fauna o cebos envenenados. Propone vigilar especialmente para localizar venenos en las épocas en que se detecta mayor actividad: del 15 de febrero a 15 de junio, y del 1 de septiembre al 30 de octubre.
Prevén, además, controlar los terrenos con antecedentes de uso de cebos envenenados o los lugares donde exista información o sospechas de que pueda haberlos; y también las áreas especialmente importantes para la reproducción, la alimentación o el descanso de las especies necrófagas como pueden ser el águila imperial ibérica, el águila perdicera, el buitre negro, el águila real, el milano real, el milano negro, el lobo ibérico o la avutarda.
Agentes de la autoridad
Sólo los agentes de la autoridad podrán levantar los cadáveres o cebos encontrados. Además, el plan establece que se realizarán reportajes fotográficos del animal y de la zona antes de su manipulación. El Seprona será el primer informado cuando se produzcan hallazgos de este tipo. Está previsto crear un registro de datos de envenenamiento en la Comunidad de Madrid, que permita georreferenciar los casos y establecer un mapa de antecedentes y riesgos potenciales. También se registrarán todos los datos históricos y recientes de los que se tenga documentación en los archivos regionales.
A la organización de defensa del medio ambiente le parece «absolutamente necesario este plan», que se comprometieron a elaborar todas las comunidades autónomas años atrás. «Es un compromiso que va en camino de cumplirse, pero ha tardado muchísimo en su procedimiento», afirma De la Bodega. Que tampoco está muy conforme con el proceso de participación pública. Cree que en Madrid el uso del veneno está también vinculado a una mala gestión de los cotos de caza: se usan para eliminar predadores de especies cinegéticas como perdices. Pero el veneno, recuerdan, no distingue.
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